El próximo lunes 16 de enero El Salvador celebra 25 años de los acuerdos del 92 y del fin oficial de la guerra civil, normalmente conocidos como “acuerdos de paz”. Evito usar este último término porque 1992 no fue precisamente el inicio de un período de paz, sino de fin de la guerra. Posguerra propiamente dicho. Nuestra condición económica – política y social nos muestras que no necesariamente vivimos “en paz”. Corresponde esta visión a la clásica distinción entre “paz negativa” (no hay guerra) y “paz positiva” (no hay guerra y hay mayor justicia y reconciliación).
Diversas voces se han hecho escuchar estos días colándose dos extremos. Están los que a campanazo limpio se deshacen en elogios por la paz, la convivencia, la fraternidad, el ser todos uno, la felicidad plena, etc. En el otro extremo están los que les parece un error, una exageración y casi ofensivo celebrar el 16 de enero. Por supuesto, ambos extremos deben evitarse.
Deben reconocerse las transformaciones acometidas y las deudas pendientes. Efectivamente el país no es el mismo desde 1992, si bien es cierto, seguimos padeciendo ciertos males estructurales (el “mal común” que diría Ellacuría en contraposición al “bien común”) como deuda pendiente en la transformación del país según los intereses de las mayorías populares.
Con los acuerdos del 92, la Fuerza Armada redefinió su papel y desaparecieron los cuerpos represivos de seguridad (Policía, Guardia y Hacienda) y los batallones élite contrainsurgentes. Eso es un cambio sustantivo. Claro, preocupa el acercamiento del Ejército a la seguridad pública, que la Policía Nacional Civil a veces no sea tan “civil” como debería ser y que convivamos con estrategias represivas – manoduristas que deberíamos tener claro que deberían ser desterradas por su talante típico productor de terror y por ser ineficaz para abordar problemas sociales.
Políticamente se ensanchó el espectro político. Desde los años, en que participó el Partido Comunista en unas elecciones, la izquierda no sólo estaba formalmente vetada en su existencia, sino también estaba reprimido todo tipo de oposición (aquellos tiempos en que el PDC era subversivo) y las elecciones no eran más que un ejercicio fraudulento. Ahora el FMLN gobierna el país (hago notar que no digo “la izquierda”, no porque no crea que lo sea; no voy a evaluar eso ahora, sino porque creo que también hay otras expresiones de izquierda). Eso es un logro. Claro, es lamentable que la política se reduzca a la comodidad de los intereses de cúpulas partidarias (de izquierda o de derecha) y que no prevalezcan los intereses de las mayorías populares.
También se reformaron instituciones y apareció la Procuraduría de Derechos Humanos con lo cual parecíamos acercarnos siquiera algunos milímetros al respecto incondicional de los derechos humanos, la dignidad de las personas y la memoria de tantas vidas perdidas. Pero recordamos que tras el Informe de la Comisión de la Verdad, se engavetaron las propuestas (¿dónde está el día para la memoria y la reconciliación?, de modo que nos recuerde constantemente “Nunca más”) y la ley de Amnistía… sí, ésta finalmente fue declarada inconstitucional en 2016, pero ya vemos que después de ciertos gritos de alarma, no ha pasado nada.
Por tanto, debemos reconocer la avances y transformaciones acaecidas, pero al mismo tiempo las deudas pendientes. No es posible que se dispare tanta victimización empresarial por el aumento del salario mínimo. Seguimos sin reconocer la deuda que tenemos con las mayorías populares. En parte el estancamiento sobre temas clave quizá tiene que ver con el hecho que aquellos firmantes de un lado u otro, siguen tomando decisiones políticas pactadas pensando más en sus intereses político – gremiales que pensando en los intereses y necesidades de las grandes mayorías. Una buena manera de comenzar un nuevo período de 25 años sea la des-elitización de la política (la partidocracia que dicen algunos) y generar nuevos movimientos desde abajo.
Contribución de Luis Monterrosa (lmonterrosa@uca.edu.sv)
