viernes, 5 de enero de 2018

El presupuesto visto con lentes restaurativos



Contribución de Eugenio Alfonso Tacatic Rojas (eatacatic@gmail.com)
Resultado de imagen para aprobacion presupuesto asamblea legislativaEl Presupuesto General de la Nación (lo que comúnmente llamamos “el presupuesto”) para 2018 no fue aprobado en el 2017…como pasó hace un año que ni el de 2017 fue aprobado en el 2016. Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa están procediendo por segunda ocasión de la misma manera, y sí son los mismos y las mismas.
El comentario seguirá la línea insinuada en el título, presentando lo fundamental de la ya usual conducta tras la dinámica de discusión y aprobación del presupuesto, para “leerla” después en clave de justicia restaurativa.
El enfoque desde justicia restaurativa se propone porque este proceder tiene consecuencias, que recaen sobre población concreta y son realizadas por personas concretas, según se expresó antes.
El antecedente inmediato es precisamente la aprobación del presupuesto 2017, con las particularidades siguientes:
·    Fue aprobado a mediados de enero del 2017.
·    Durante el primer semestre del año fue necesario modificarlo, para atender compromisos de deuda. Esto implicó recortes en seguridad, salud, educación, y dejar al mínimo turismo y medio ambiente.
·  La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mandó a corregir el Presupuesto, haciendo los ajustes en las partidas no financiadas al momento de su aprobación.
El procedimiento seguido impactó directamente a sectores de la población de la sociedad salvadoreña: usuarios(as) del sistema de salud, escolares, la seguridad en el país. La atención al Medio Ambiente se consideró no prioritario, así como el fomento a las actividades turísticas. También se afecta a cada salvadoreño y salvadoreña en tanto que tocará asumir la carga financiera extraordinaria resultado del impago de la primera parte del año. No se pasará por alto la apresurada modificación del esquema de previsional en el país a raíz de la segunda crisis de impago en el segundo semestre de 2017.
La completa presentación del modo de proceder lleva a exponer también que no se modificaron las partidas a ONGs ni los seguros privados para algunas esferas del sector público.
El escenario actual es el de aprobación del presupuesto para el 2018, se ha expresado que será una realidad en la primera semana de enero, que está convocada la Asamblea Legislativa con ese propósito. ¿Cómo se ha procedido? ¿Ha rectificado la Asamblea Legislativa su conducta en el proceso de aprobación?
Para leer en clave de justicia restaurativa la aprobación del presupuesto se hace necesario establecer unas anclas mínimas para el entendimiento, elementales:
·   Desde la perspectiva de la justicia restaurativa, el proceso de justicia pertenece a la comunidad. Se enfoca la falta como una ofensa a la víctima y a su familia, su comunidad. Por tanto, se busca reparar los daños hechos a las víctimas y a la comunidad.
·     La aplicación de la restauración abre la posibilidad para que al ofensor se le ofrezca una oportunidad real de ganarse un lugar en la comunidad.
·     El esquema restaurativo implica mediación, un mecanismo que encuentre a las víctimas y ofensores en ese horizonte de reparación.
·     La restauración consolida a la comunidad en tanto los vínculos debilitados por el acontecimiento se reparan.
Si se acepta que la Sala de lo Constitucional actúa como la parte mediadora en este caso, entre la Asamblea Legislativa y la población (sociedad como la comunidad del país) su propuesta de reparación se resume en la observación al presupuesto del año anterior en julio de ese año: estaba incompleto y desfinanciado, que se prescindiera de seguros médicos privados para funcionarios y jefaturas del aparato estatal, para contribuir con la misión del Estado de la búsqueda del bien común. Y se dio un plazo de tres meses para su corrección. Esto se puede asumir como una agenda mínima para tomar la oportunidad de elaborar un presupuesto…aunque sea para el 2018.
El ofensor (la Asamblea Legislativa) no corrigió el presupuesto anterior, el mediador no se inmutó, ni la víctima. En este asunto, como en la modificación del esquema previsional en el país y otros más, la sociedad (la población o la ciudadanía) participa menos.
La Asamblea Legislativa se ha socializado en torno a un esquema de negociación de sus intereses, y de sus sectores de interés, sean coyunturales o estratégicos. Así se ha tejido el proceder legislativo, no necesariamente teniendo como referente el bien común de El Salvador.
¿Cómo evaluar si está el bien común en el lente de las diputadas y los diputados? Una manera de acercarse a la respuesta es constatar que el proyecto de presupuesto viene completo y financiado, que se ha vuelto a invertir en las carteras castigadas en al apuro del 2017, que no van más los seguros privados-públicos (no son asocio) y que las ONGs de familiares de políticos han dejado de estar en la lista de receptores de fondos públicos por default.
La información disponible contribuye a encontrar huellas de la reparación o la no reparación en la aprobación del presupuesto. Se puede separar el proceso de negociación (entre diputados) y el proyecto de presupuesto. Brevemente.
La discusión del presupuesto se ha reducido a dos grupos parlamentarios: FMLN y ARENA. Los que estuvieron y los que están en el gobierno y con posibilidades de continuar. ¿No son representantes de población todos los diputados y todas las diputadas? Además de señalarse defectos y fallas, de descalificarse sistemáticamente, los diputados y las diputadas negociadores(as) no asumen las propias fallas y errores en el manejo de las finanzas públicas (lo han tenido porque estuvieron o están en el gobierno en el pasado reciente). Su norte no es el bien común
La propuesta conocida como consensada se publicita en tanto que la necesidad de financiamiento no será mayor de 350 millones de dólares. Las asignaciones a las ONGs se mantendrán, bajo otro mecanismo; no se incluye el financiamiento para el cumplimiento de la ley para veteranos de guerra; sí se amplió la atención al sector cafetalero. De los seguros privados para funcionarios públicos no se ha escuchado un murmullo.
El presupuesto se aprobará de manera consensada, los recortes y las adiciones se hicieron para garantizar ese equilibrio. Pero confirma que la Asamblea Legislativa, los padres y madres de la patria tienen otro norte que no es el bien común de la población.
Lo pertinente del mecanismo restaurativo es que al reiterar su conducta dañina el ofensor está aún sin un lugar en la comunidad (sociedad para este caso). La oportunidad se brindó, se desaprovechó, privó la negación y la no responsabilidad ante las consecuencias de los actos (aprobación del presupuesto 2017 en este caso según lo falló la Sala de la Constitucional).
Ante la inminente coyuntura electoral la ciudadanía tiene la posibilidad de convertirla en un círculo restaurativo, para ofrecer un lugar a las ofensoras y ofensores actuales se les debe pedir cuentas de la gestión realizada. Esto desintoxicará a la democracia y cohesionará a la sociedad.
Por eso es importante la información, los medios de comunicación pueden contribuir a que se conozca qué ha hecho cada titular de una curul, y en concreto ante el presupuesto 2018. Si no es aspirante a reelección, como primer intento que se dé a conocer qué propone y leerlo con lentes del bien común. Las redes sociales tienen la potencialidad de contribuir a partir de la discusión de temas de país y poniendo por delante los intereses de las mayorías.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario