Contribución de Eugenio Alfonso Tacatic Rojas (eatacatic@gmail.com)
El Presupuesto General de la Nación (lo que comúnmente llamamos “el
presupuesto”) para 2018 no fue aprobado en el 2017…como pasó hace un año que ni
el de 2017 fue aprobado en el 2016. Los diputados y diputadas de la Asamblea
Legislativa están procediendo por segunda ocasión de la misma manera, y sí son
los mismos y las mismas.
El comentario seguirá la línea insinuada en el
título, presentando lo fundamental de la ya usual conducta tras la dinámica de
discusión y aprobación del presupuesto, para “leerla” después en clave de
justicia restaurativa.
El enfoque desde justicia restaurativa se
propone porque este proceder tiene consecuencias, que recaen sobre población
concreta y son realizadas por personas concretas, según se expresó antes.
El antecedente inmediato es precisamente la aprobación del presupuesto 2017,
con las particularidades siguientes:
· Fue
aprobado a mediados de enero del 2017.
· Durante
el primer semestre del año fue necesario modificarlo, para atender compromisos
de deuda. Esto implicó recortes en seguridad, salud, educación, y dejar al
mínimo turismo y medio ambiente.
· La
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mandó a corregir el
Presupuesto, haciendo los ajustes en las partidas no financiadas al momento de
su aprobación.
El
procedimiento seguido impactó directamente a sectores de la población de la
sociedad salvadoreña: usuarios(as) del sistema de salud, escolares, la
seguridad en el país. La atención al Medio Ambiente se consideró no
prioritario, así como el fomento a las actividades turísticas. También se
afecta a cada salvadoreño y salvadoreña en tanto que tocará asumir la carga
financiera extraordinaria resultado del impago de la primera parte del año. No
se pasará por alto la apresurada modificación del esquema de previsional en el
país a raíz de la segunda crisis de impago en el segundo semestre de 2017.
La completa presentación del modo de proceder
lleva a exponer también que no se modificaron las partidas a ONGs ni los
seguros privados para algunas esferas del sector público.
El escenario actual es el de aprobación del
presupuesto para el 2018, se ha expresado que será una realidad en la primera semana
de enero, que está convocada la Asamblea Legislativa con ese propósito. ¿Cómo
se ha procedido? ¿Ha rectificado la Asamblea Legislativa su conducta en el
proceso de aprobación?
Para leer en clave de justicia restaurativa la aprobación del
presupuesto se hace necesario establecer unas anclas mínimas para el
entendimiento, elementales:
· Desde
la perspectiva de la justicia restaurativa, el proceso de justicia pertenece a
la comunidad. Se enfoca la falta como una ofensa a la víctima y a su familia,
su comunidad. Por tanto, se busca reparar los daños hechos a las víctimas y a
la comunidad.
· La
aplicación de la restauración abre la posibilidad para que al ofensor se le
ofrezca una oportunidad real de ganarse un lugar en la comunidad.
· El
esquema restaurativo implica mediación, un mecanismo que encuentre a las
víctimas y ofensores en ese horizonte de reparación.
· La
restauración consolida a la comunidad en tanto los vínculos debilitados por el
acontecimiento se reparan.
Si se acepta que la Sala de lo Constitucional actúa como la parte
mediadora en este caso, entre la Asamblea Legislativa y la población (sociedad
como la comunidad del país) su propuesta de reparación se resume en la observación
al presupuesto del año anterior en julio de ese año: estaba incompleto y
desfinanciado, que se prescindiera de seguros médicos privados para
funcionarios y jefaturas del aparato estatal, para contribuir con la misión del
Estado de la búsqueda del bien común. Y se dio un plazo de tres meses para su
corrección. Esto se puede asumir como una agenda mínima para tomar la
oportunidad de elaborar un presupuesto…aunque sea para el 2018.
El ofensor (la Asamblea Legislativa) no
corrigió el presupuesto anterior, el mediador no se inmutó, ni la víctima. En
este asunto, como en la modificación del esquema previsional en el país y otros
más, la sociedad (la población o la ciudadanía) participa menos.
La Asamblea Legislativa se ha socializado en
torno a un esquema de negociación de sus intereses, y de sus sectores de
interés, sean coyunturales o estratégicos. Así se ha tejido el proceder
legislativo, no necesariamente teniendo como referente el bien común de El
Salvador.
¿Cómo evaluar si está el bien común en el lente
de las diputadas y los diputados? Una manera de acercarse a la respuesta es
constatar que el proyecto de presupuesto viene completo y financiado, que se ha
vuelto a invertir en las carteras castigadas en al apuro del 2017, que no van
más los seguros privados-públicos (no son asocio) y que las ONGs de familiares
de políticos han dejado de estar en la lista de receptores de fondos públicos
por default.
La información disponible contribuye a encontrar
huellas de la reparación o la no reparación en la aprobación del presupuesto.
Se puede separar el proceso de negociación (entre diputados) y el proyecto de
presupuesto. Brevemente.
La discusión del presupuesto se ha reducido a
dos grupos parlamentarios: FMLN y ARENA. Los que estuvieron y los que están en
el gobierno y con posibilidades de continuar. ¿No son representantes de
población todos los diputados y todas las diputadas? Además de señalarse
defectos y fallas, de descalificarse sistemáticamente, los diputados y las
diputadas negociadores(as) no asumen las propias fallas y errores en el manejo
de las finanzas públicas (lo han tenido porque estuvieron o están en el
gobierno en el pasado reciente). Su norte no es el bien común
La propuesta conocida como consensada se
publicita en tanto que la necesidad de financiamiento no será mayor de 350
millones de dólares. Las asignaciones a las ONGs se mantendrán, bajo otro
mecanismo; no se incluye el financiamiento para el cumplimiento de la ley para
veteranos de guerra; sí se amplió la atención al sector cafetalero. De los
seguros privados para funcionarios públicos no se ha escuchado un murmullo.
El presupuesto se aprobará de manera
consensada, los recortes y las adiciones se hicieron para garantizar ese equilibrio.
Pero confirma que la Asamblea Legislativa, los padres y madres de la patria
tienen otro norte que no es el bien común de la población.
Lo pertinente del mecanismo restaurativo es que
al reiterar su conducta dañina el ofensor está aún sin un lugar en la comunidad
(sociedad para este caso). La oportunidad se brindó, se desaprovechó, privó la
negación y la no responsabilidad ante las consecuencias de los actos
(aprobación del presupuesto 2017 en este caso según lo falló la Sala de la
Constitucional).
Ante la inminente coyuntura electoral la
ciudadanía tiene la posibilidad de convertirla en un círculo restaurativo, para
ofrecer un lugar a las ofensoras y ofensores actuales se les debe pedir cuentas
de la gestión realizada. Esto desintoxicará a la democracia y cohesionará a la
sociedad.
Por
eso es importante la información, los medios de comunicación pueden contribuir
a que se conozca qué ha hecho cada titular de una curul, y en concreto ante el
presupuesto 2018. Si no es aspirante a reelección, como primer intento que se
dé a conocer qué propone y leerlo con lentes del bien común. Las redes sociales
tienen la potencialidad de contribuir a partir de la discusión de temas de país
y poniendo por delante los intereses de las mayorías.
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