La
asamblea legislativa se encuentra discutiendo en torno al sistema de pensiones,
no de la estructura del mismo sino porcentajes y todo lo que implica no
modificarlo como tal.
El
tema en los medios ha servido para informarse, de ahí surge este comentario, y
por qué el título del documento.
Resulta
que la transición del esquema público hacia el esquema de las AFPs se
estableció en 1996, lo hicieron los padres y las madres de la patria de aquél
entonces, y entró en funcionamiento en 1998.
Bajo
el nuevo esquema, las personas menores de 35 años que se incorporaran al mundo
laboral quedarían ya bajo el nuevo esquema. Otro aspecto conocido es que la
edad de jubilación son 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.
El
tema en los medios ha permitido conocer que las AFPs han recibido diez mil
millones de dólares en este período de existencia ($10,0001000,000
para que no quede duda). El origen de los fondos son el ahorro forzado de las
trabajadoras y los trabajadores y lo que manda la ley para los empleadores.
La
inquietud en este comentario es que las personas que contaban con 35 años en
1998 estarán llegando a los 55 años el próximo año, si son mujeres deberían
entrar al mundo de las pensiones.
Pero
el cuchubal de diez mil millones no puede, sí ha podido para que funciones las
AFPs (se habla sin pudor de $18 millones en utilidades cada año), para
prestarle al gobierno cerca de la mitad del fondo. Las trabajadoras y los
trabajadores inauguran la crisis del modelo previsional.
Al
llegar a este punto surgen dos cuestionamientos. El primero, ¿no se debe
identificar todo el daño a las trabajadoras y los trabajadores?; el segundo,
¿basta con ajustar comisiones y tasa de interés para alcanzar un sistema
previsional según los intereses de los dueños de ese dinero?
Combinando
ambos, desde la primera de las preguntas se debe establecer el daño al retiro
digno por no rentabilizar óptimamente los fondos que irremediablemente más que
por disciplina han construido sus dueñas y dueños. (El daño se calcula por el
beneficio no recibido). Entonces se entra al tema del Principal y el Agente,
¿quién responderá por la ineficiencia detectada? ¿Qué restauración es posible
en favor de los ofendidos y las ofendidas? ¿Ante qué instancia se debe
presentar la queja para resarcir a las víctimas? (También la mora de las
empresas que no cumplen con los ahorros de las trabajadoras y los
trabajadores).
El
cuchubal lo están arreglando quienes se han beneficiado (el protagonismo de la
empresa privada está representado por las AFP, son empresas), la impresión que
dejan los arreglos cosméticos es que no se quiere legislar en beneficio de las
personas cotizantes, que no son mayoría (25% de la población económicamente
activa según dicen los entendidos), pero son los dueños y las dueñas de los
fondos.
La
restauración del daño a las y los cotizantes a las AFPs pasa por la
reestructuración del sistema construido, que cuando le tocaba comenzar a
funcionar y pagar las pensiones a las primeras personas en llegar se muestra
incapaz, fue un cuchubal tramposo.
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